21 febrero 2012, …Orwell (6)

martes, febrero 21, 2012

Retrato del antifascista en Orwell (6)

Miguel Ángel Aguilar, Fiscal del Odio.
Los mayores genocidios de la historia humana, perpetrados todos ellos en el siglo XX en nombre de idearios progresistas, siguen impunes. El análisis de ese ideario criminógeno ha sido aplazado sine die por los filósofos e intelectuales de izquierdas (¿debían esos pedantes pagados de su superioridad humana juzgarse o siquiera cuestionarse a sí mismos?), cuyo silencio sólo ha sido interrupido por pseudo críticas consistentes en acusar a Stalin de fascista o hacer de Alemania (tanto Marx como Nietzsche eran alemanes) la cuna de todos los totalitarismos (Henri-Lévy, Gluksmann…). Se trataba de hacerles pagar, también, contra toda lógica y decencia, los platos rotos del gulag a los de siempre. Por lo que respecta a los juristas, para ellos debería ser fácil de comprender que el asesinato de millones de personas no se explica sin eso que denominan (refiriéndose exclusivamente al fascismo) “las doctrinas del odio”, aunque se trate de un odio “coagulado” como ideología e institucionalizado u objetivado en forma de agencias policiales al estilo del NKVD. Sin embargo, no observamos nunca al fiscal “contra el odio” comprometido en la persecución de delitos que, cuando se trata de presuntos criminales nazis, jamás prescriben. Ex SS nonagenarios desfilan así todavía actualmente por los juzgados de vez en cuando. Pero ya recien estrenada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los israelíes emprendieron la Nakba, limpieza étnica de los palestinos conceptuada como crímen contra la humanidad en nombre de una ideología racista: el sionismo, y todo este mundo repleto de antifascistas calló o incluso aplaudió. ¿Quedaba esto demasiado lejos en el tiempo para interesarle al fiscal Aguilar? Los asesinatos en masa de la denominada revolución cultural china, cuyas víctimas se cuentan por millones, perpetráronse, empero, en los años 60-70, en pleno auge del maoísmo intelectual parisino, mas no nos constan tampoco acciones internacionales de ningún tipo contra el régimen de Pekín, el cual sigue siendo hoy el mismo que entonces aunque varios gobiernos comunistas tan criminales como el de Mao se hayan sucedido en el poder hasta la actualidad. ¿Demasiado lejos en el espacio? Bien, incluso la prensa más abyectamente oligárquica reconoce ya el genocidio contra el pueblo alemán, con 3 millones de víctimas (en realidad muchas más, que irán saliendo a la luz con cuentagotas… hasta la extición del último ciudadano alemán). Y el Consejo de Europa equiparó comunismo y nazismo, imputando al régimen comunista soviético, en suelo europeo, 20 millones de víctimas. Allí donde el ideario marxista ha sustentado el poder, y de acuerdo con un precepto de guerra civil revolucionaria que el propio Marx teorizó, las víctimas de asesinatos se han contado por centenares de miles y hasta millones, muchas de ellas europeas. De la Rumanía de Ceaucescu a la Camboya de los jemeres rojos, los fiscales del odio tienen mucho trabajo por hacer, pero permanecen ociosos o dedicados a perseguir libreros. Sin salir de España, el independentismo vasco se fundamenta en una ideología racista y antisemita que ha sido aplaudida en Cataluña a pesar de que Sabino Arana insultaba también a los catalanes. Dichos independentismos, basados en el odio a España, han contado con sus brazos armados y, cómo no, con sus textos de legitimación racial del asesinato de españoles, tildados, faltaría más, de fascistas. Nada ha hecho ni hace la fiscalía contra el odio por perseguir ese sangriento odio bien próximo, reciente y documentado con todo lujo de detalles. Para la fiscalía antifascista, para la NKVD sionista de las democracias liberales, el hecho de que ciertas personas sean propietarios o guarden en su casa libros comprados en el mercadillo de viejo, pesa más que los 100 millones de víctimas del marxismo leninismo, de Lenin a ETA, de Kronstadt al Hipercor.

¿QUÉ ES EL DOBLEPENSAR?

Ampliamos con esta entrada la serie “Retrato del antifascista en Orwell”, una crítica de la Fiscalía contra el Odio (en tanto que encubierta Fiscalía del Odio) al hilo de la reflexión del novelista británico George Orwell en 1984. Relevante, para la comprensión de lo que viene a continuación, es la relectura de toda la serie, pero especialmente de la primera y la cuarta entregas.
Intentaremos ahora, analizando algunos aspectos del proceso Kalki/CEI/ENR, joya profesional del fiscal Aguilar devenida fiasco y hazmerreír procesal, que se trata de un montaje político de persecución regido por los preceptos ideológicos del antifascismo y no de un procedimiento judicial, como no sea en punto a su conclusión y a la absolución de los acusados por parte del Tribunal Supremo. De hecho, la sentencia del TS pone en evidencia algunas de las falacias en que se ha basado el fiscal inquisidor para maltratar psicológicamente durante ocho años a los imputados (lo que incluye auténticos abusos: insultos durante la vista, manipulación de las pruebas y, en general, vulneración masiva de preceptos constitucionales como el de libertad ideológica). Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Orwell? Si los usuarios del blog repasan ahora la serie “Retrato del antifascista en Orwell” lo comprenderán en buena parte, pero todavía quedarían por explicar algunos aspectos importantes. El fiscal Miguel Ángel Aguilar es un antifascista en el sentido orwelliano de la palabra. El dispositivo institucional-represivo del mundo occidental guarda ciertas semejanzas, nada anecdóticas, con la sociedad totalitaria descripta por Orwell en su novela 1984.
Fundamento teórico del imaginario régimen de socialismo inglés (Ingsoc) es lo que Orwell denomina el doblepensar. Sólo porque existe el doblepensar, puede sobrevivir un despotismo que se apodera de la mente de las personas pero ha de destruir en ellas, como requisito previo, el espíritu, es decir, la lógica racional y la verdad, al mismo tiempo que utiliza esa misma racionalidad para construir ingenios tecnológicos de control y destrucción masivas. El “doblepensar” es la forma prostituida de la dialéctica hegeliana que hicieran suya Marx y Engels bajo el rótulo de materialismo dialéctico y que el estalinismo convirtió en la metodología del antifascismo. Dejando para otro lugar la génesis histórico-filosófica de la cuestión a fin de enfocar su sustanciación en instituciones como la ley Gayssot francesa o la fiscalía catalana contra el odio, ocúpase nuestro análisis de un caso concreto. Veamos, empero, en primer lugar, qué entiende Orwell por doblepensar. El novelista describe este fenómeno psico-lingüístico en los siguientes términos:

Ocho años de tortura psicológica.

Doblepensar significa el poder, la facultad de sostener dos opiniones contradictorias simultáneamente, dos creencias contrarias albergadas a la vez en la mente. El intelectual del Partido sabe en qué dirección han de ser alterados los recuerdos; por tanto, sabe que está trucando la realidad; pero al mismo tiempo se satisface a sí mismo por medio del ejercicio del doblepensar en el sentido de que la realidad no queda violada. Este proceso ha de ser consciente, pues, si no, no se verificaría con la suficiente precisión, pero también tiene que ser inconsciente para que no deje un sentimiento de falsedad y, por tanto, de culpabilidad (Orwell, G., 1984, Barcelona, Destino, 1980, p. 225).
Sostengo que Orwell está anticipando y describiendo los procesos mentales de la oligarquía sionista transnacional y, por ende, tanto de las oligarquías autóctonas locales en general (incluidos sus “intelectuales de izquierdas”), cuanto del fiscal del odio en particular, por lo menos en lo que respecta al caso Kalki/CEI/ENR. Prosigue Orwell:
El doblepensar está arraigado en el corazón mismo del Ingsoc, ya que el acto esencial del Partido es el empleo del engaño consciente, conservando a la vez la firmeza de propósito que caracteriza a la auténtica honradez. Decir mentiras a la vez que se cree sinceramente en ellas, olvidar todo hecho que no convenga recordar, y luego, cuando vuelva a ser necesario, sacarlo del olvido sólo por el tiempo que convenga, negar la existencia de la realidad objetiva sin dejar ni por un momento de saber que existe esa realidad que se niega…, todo esto es indispensable. Incluso para usar la palabra doblepensar es preciso emplear el doblepensar. Porque para usar la palabra se admite que se están haciendo trampas con la realidad. Mediante un nuevo acto de doblepensar se borra este conocimiento; y así indefinidamente, manteniéndose la mentira siempre unos pasos delante de la verdad. En definitiva, gracias al doblepensar ha sido capaz el Partido -y seguirá siéndolo durante miles de años- de parar el curso de la Historia (op. cit., pp. 225-226).
Basta una simple lectura y cotejo de aquéllo que Orwell describía como la figura o perfil humano del antifascista para percibir que el doblepensar no es más que la caracterización del discurso antifascista. El antifascismo, según Orwell, constituiría la articulación lingüístico-ideológica del doblepensar. Y el punto en que dicha identidad entre el sujeto y su lenguaje se hace patente es precisamente el sentimiento de odio. En tanto que la finalidad del antifascista es la descarga del resentimiento contra la muerte que abriga su alma, al mismo tiempo que apela a los valores contrarios para legitimar esa atrocidad, el antifascista genera, de forma espontánea, el fenómeno del doblepensar. La actuación del Fiscal contra el Odio no es más que antifascismo ideológico condensado jurídicamente en una institución presuntamente democrática, de ahí que el odio, y sólo el odio, constituya su íntimo y secreto mecanismo de funcionamiento. Pero antes de entrar de lleno en el caso Kalki/CEI/ENR intentemos detectar un texto jurídico “democrático”, uno sólo, que refleje de forma irrefutable y eríjase como ejemplo significativo o relevante, a efectos de la temática que nos ocupa (la vigente praxis policial, jurídica, represiva…), de la previa vulneración oligárquica de los principios de la lógica y de la verdad racional inherentes al doblepensar.

El fiscal Aguilar dando a entender que piensa,
algo imposible para un antifascista: sólo doblepiensa.

EJEMPLO JURÍDICO REAL DEL DOBLEPENSAR

Dicho texto, empero, ya fue en su día denunciado en nuestra bitácora, aunque sólo ahora podemos interpretarlo como expresión del doblepensar. Repruduzco aquí lo que ya escribí en su momento en la entrada “Los asesinos que nos gobiernan“:

Un documento como ejemplo. Tomo en mi mano un texto publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El órgano que lo promulga es la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (siglas CERD); en sus artículos 130-133, el redactado reza así:

“Decimocuarto informe periódico que los Estados partes debían presentar en 199 France. 05/07/99. CERD/C/337/Add.5. (State Party Report). Apología de los crímenes contra la humanidad. (…) 130. Esta infracción ha sido incorporada al párrafo 3 del artículo 24 de la ley sobre la libertad de prensa por la ley de 31 de diciembre de 1987. 131. Según la jurisprudencia, constituye una apología de los crímenes de lesa humanidad la publicación o la apreciación pública que incitan a sus destinatarios a emitir un juicio moral favorable sobre uno o varios crímenes de lesa humanidad y que tienden a justificar esos crímenes o a sus autores. Los crímenes de lesa humanidad previstos en ese artículo se definen por referencia al artículo 6 del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, que figura como anexo del Acuerdo de Londres de 8 de agosto de 1945, y fueron cometidos por los miembros de una organización declarada criminal (SS, Gestapo, cuerpo de dirigentes del partido nazi), o por toda persona reconocida culpable de esos crímenes por una jurisdicción francesa o internacional. Esa definición de los crímenes de lesa humanidad ha sido la escogida por el legislador francés pues, en 1987, no existía aún una definición de los crímenes de lesa humanidad en el derecho interno (véase las novedades que figuran en relación con el artículo 2, sección 1 a)). 132. De acuerdo con jurisprudencia, constituyen crímenes de lesa humanidad los actos racistas, los actos inhumanos y las persecuciones que, en nombre de un Estado que practica una política de hegemonía ideológica, son cometidos sistemáticamente contra personas por pertenecer a una colectividad racial o religiosa, o contra los adversarios de la política de ese Estado. Sólo afecta a los crímenes reconocidos que perpetraron durante la segunda guerra mundial los criminales del Eje, esencialmente la Alemania nazi, así como toda persona que haya actuado por cuenta de esos Estados.”

Parada de mercadillo de los Mossads d’Esquadra.
Ninguno de los objetos requisados era ilegal.

El último pasaje resulta literalmente alucinante. Un organismo que dice promover la lucha contra “toda” forma de discriminación racial sostiene a la vez, sin enrojecer de vergüenza, que el texto legal “sólo” afecta “a los crímenes reconocidos que perpetraron durante la Segunda Guerra Mundial los criminales del Eje, esencialmente la Alemania nazi, así como toda persona que haya actuado por cuenta de esos Estados” (sic).
 
!No han leído mal! Es así. “Toda” forma, pero “sólo” afecta… Ni se inmutan. Se burlan de nosotros.
El osario de víctimas “fascistas” del antifascismo que
el antifascista Aguilar se niega a ver:
“olvidar todo hecho que no convenga recordar” (Orwell).
Estamos ante la formulación misma del doblepensar en su matriz a la vez formal y material: el tema del fascismo como mal absoluto versus el bien absoluto encarnado por los valores “humanitarios” (=antifascistas). Que la doctrina política de los derechos humanos, la democracia, la felicidad del mayor número, etc., constituya un instrumento eficacísimo, y hasta el más eficaz hasta ahora conocido, de explotación, aniquilación, exterminio, represión, etc., nos remite a la dialéctica según su acuñación marxista. Ahora bien, el derecho no puede ser dialéctico sin convertirse en una farsa. El mandato de que se persigan todos los crímenes de guerra, genocidios y crímenes contra la humanidad resulta por un lado algo inherente a la ley misma, puesto que la ley es general, por definición, o no es ley, de manera que, en tanto que ley, no puede hacer excepciones y pone así en manos del sistema oligárquico el arma ideológica que constituye el reverso de la axiología humanitaria como antítesis de la crueldad, el crimen, etc., imputados a los adversarios políticos. La validez de dicha legitimación universal fundamenta una autoridad que se ejerce, empero, mediante la violencia. Ahora bien, la formulación de un poder humanitario en el ejercicio de la mencionada autoridad y la elección del enemigo absoluto del poder “justificado” en cuanto “humano”, entraña, precisamente, la deshumanización y expulsión de una parte de la humanidad del universo axiológico que ese mismo discurso pretende acotar. Únicamente al precio de semejante división en el seno del “género humano” inventado por el lenguaje político progresista puede seguir existiendo la oligarquía. Que la ley sólo afecte a un subconjunto concreto de esos crímenes, a saber, los perpetrados (supuestamente) por el fascismo y deje impunes los del antifascismo, es la consecuencia dialéctica de la propia ideología antifascista, siendo así que las presuntas víctimas fascistas -niños de pecho incluidos– no lo serían en realidad: las categorías de víctima (=humano) y de fascista (=antihumano) excluiríanse entre sí. De ahí que se hable de “toda” forma y se pueda añadir, mediante la elipsis del entero argumentario dialéctico, es decir, del doblepensar, el adverbio “sólo”. La “contradicción” todo/sólo, en los efectos de la ley, condensa en dos palabras tanto la naturaleza totalitaria del antifascismo como su carácter excluyente y, por ende, su imposibilidad jurídica. En el proceso por el caso Kalki/CEI/ENR las contradicciones entre el contenido material de la ley y el imperativo lógico de universalidad legal, han puesto en evidencia, gracias a la dinámica totalitaria de la doctrina antifascista que impregna los códigos legales a despecho de los principios generales del derecho, aquélla imposibilidad. En la pugna se han situado, a un lado, el magistrado (ponente) Miguel Colmenero en tanto que depositario de la doctrina del derecho, y, enfrente suyo, el fiscal Miguel Ángel Aguilar como representante del articulado penal ideológico, totalitario y antijurídico por esencia en que se basaba la “violencia legítima” contra los imputados. Los mecanismos mentales y jurídicos que rigieron el bombardeo de Bagdad comparten estirpe axiológica con la impulsión de la querella criminal de Aguilar. La filosofía y la doctrina jurídicas, cuyo último baluarte constituye la verdad, y no el contenido mismo de la ley, de carácter claramente ilógico, ideológico e inconstitucional (ese contenido al que la Audiencia de Barcelona dará prioridad en la sentencia de primera instancia), es aquéllo que salva a los imputados de ser condenados y arrojados a una celda. Pero no han rescatado, por ejemplo, a Pedro Varela en idénticos supuestos, de manera que la lucha no ha concluido y podemos calcular el avance y retroceso del totalitarismo sionista (en el seno de unos Estados liberales formalmente “de derecho”) tomando como índice o criterio de medida los avances y retrocesos de los dos polos filosóficos representados en el caso Kalki/CEI/ENR por el magistrado Colmenero y el fiscal Aguilar. Lamentablemente, mucho nos tememos que, en el futuro, será éste último, y no Colmenero, el que avanzará para homologar a España con la legislación policial que ya impera en buena parte de Europa occidental.
Las contradicciones jurídicas descritas son el reflejo de contradicciones políticas que remiten a hondas cuestiones filosóficas en la génesis de la modernidad. La incompatibilidad entre la forma de la ley y su contenido material no es el resultado del hecho de que la ley deba siempre, en última instancia, apoyarse en la amenaza de la violencia, y en la ejecución real de esa violencia, para que su validez (intrínseca, teórica) y su vigencia (social, real) se identifiquen, sino en la incapacidad de pensar la necesidad de la violencia legítima por parte de un utopismo basado en la negación de la muerte, en el rechazo de la finitud, lo que es tanto como decir: de la ley misma, siendo así que la ley no expresa más que una de las articulaciones sociales de la finitud en cuanto sentido ontológico básico. Tal negación construye primero el espacio mental del fascismo como su propia antítesis, y luego el antifascismo en cuanto ideología de la negación de la negación y, con ello, de un bien absoluto que ha de cuajar necesariamente en un poder también absoluto. Lo expresé torpemente en los inicios de esta bitácora, véase el post¿Qué significa ser de izquierdas hoy? (I), con argumentos que ya incluyen una temprana reflexión sobre Orwell, la dialéctica marxista y el “método” del doblepensar:
La derrota del pensamiento. Ésta es la conclusión a la que llega cualquier persona honesta después de ver cómo banalizan los izquierdistas el genocidio de 100 millones de personas (en el caso de los nazis les caerían 5 años por incitación al odio racial, pero tratándose de la izquierda el sistema lo permite y hasta lo subvenciona, véase la canonización de Carrillo); cómo, en otros casos, lo admiten y lo justifican, diciendo que es lo que “hay” que hacer con los “fascistas” (pensemos, por ejemplo, en la Associació de Tir al Feixista, cambiemos feixista por judío y tenemos un proceso criminal, pero si es feixista se permite y hasta se fomenta en el Camp Nou mientras, al mismo tiempo, se estigmatiza a un directivo por ser miembro de la Fundación Francisco Franco); cómo, en otros casos, no sólo lo legitiman y lo fomentan, sino que incluso te insultan y te amenazan con aplicarte a ti, autor del post, los rigores de la justicia revolucionaria.
 
ETA ha asesinado a mil personas, incluidos niños que cometieron el error de ser hijos de guardia civiles. Lo lógico sería estar, si uno es de izquierdas y cree en la justicia, del lado de las víctimas. Pero no, ellos se solidarizan con los asesinos y cuando los solidarios van a la cárcel, montan un enorme revuelo y se “manifiestan” por esa misma libertad de expresión que niegan al resto del universo. ¿Ocurre esto porque son nacionalistas? No, no nos equivoquemos, ocurre porque descienden de idéntica ralea intelectual y moral que los comunistas convictos y confesos que ellos mismos admiten ser.
 
Un mundo al revés: dicen estar contra las cárceles, pero allí donde llegan al poder lo primero que hacen es organizar el sistema penitenciario más grande del mundo (el gulag) y encerrar dentro a medio país.
 
Dicen estar a favor de la paz y hasta del “amor”, pero justifican la violencia (que ellos llaman violencia revolucionaria, un tipo especial de masacre exento de peaje moral) y todas las carnicerías contra sus adversarios políticos, incluido el exterminio en masa de inocentes.
 
Dicen estar contra las torturas, pero cuando pueden te montan un dispositivo de checas y el primer horno crematorio del mundo occidental (en la calle Sant Elíes de la ciudad condal) destinado a eliminar los cuerpos de las víctimas, algo de una perfección tan perversa que los propios nazis se admiran y vienen a Barcelona a hacer cursillos (el gran maestro era Lenin, por supuesto, no Stalin, como nos quieren hacer creer para, a renglón seguido, “vendernos la moto” ideológica con aquello de que el tipejo era, “en realidad”, fascista).
 
Dicen estar a favor de la democracia, pero curiosamente la definen como una… dictadura, aunque, eso sí, del proletariado (=comité central del partido=secretario general del partido=yo absolutamente bueno), algo tan extraño que para entenderlo hay que transformar la mente y el alma haciendo todo tipo de contorsiones morales e intelectuales a fin de poder intuir, en un estado de delirio extático, el concepto de “verdadera democracia”, es decir, el poder absoluto de un miserable tirano. Y es que la tribu, la comuna, el grupo contracultural por un lado y la banda terrorista por otro, es lo que queda del partido en estado de descomposición drogodependiente/orgiástico tras la ruptura interna de significante y significado, sujeto y objeto, hecho y validez, con el consiguiente cortocircuito lógico-discursivo.
 
George Orwell, en su novela sobre la izquierda radical 1984, definió el colapso intelectual de la izquierda como “doblepensar”. Orwell dio en el clavo, fue al fondo del asunto. Así, la izquierda radical sería una especie de patente de corso que permitiría:
 
Matar por la paz y la no violencia.

Torturar en nombre de los derechos humanos.

Censurar por mor de la libertad de expresión.

Ser solidario declarándose amigo de los verdugos e ignorando a las víctimas, niños incluidos.

Exterminar poblaciones enteras y perpetrar genocidios para evitar que “Auschwitz” vuelva a repetirse.
 
Su mayor enemigo, y de ahí el colapso intelectual de la izquierda, es la lógica, la razón, la limpieza moral y espiritual que dice que un genocidio es un genocidio (A=A, principio de identidad y fundamento de la lógica, del pensar racional).
 
Algo muy simple contra lo que sólo queda el insulto, la amenaza y la censura para empezar, y el exterminio en un campo de concentración o el atentado terrorista para terminar.
El juez estalinista Andrei Vichinsky.
Las víctimas “fascistas” del comunismo se cuentan
por millones.
EL CASO KALKI Y EL DOBLEPENSAR
Todas actuaciones del fiscal Aguilar en el caso Kalki/CEI/ENR muestran signos inequívocos de pertenecer al universo mental odiador de la ideología antifascista. Ésta es, por definición, como ya hemos dicho y ahora subrayamos, incompatible con toda noción seria de derecho, democracia y legalidad, pues en el imaginario antifascista no existen leyes, sino un paraíso anárquico y feliz donde el poder (junto con la enfermedad, el dolor y la muerte), y con él el Estado y la norma (siempre coactiva), han sido abolidos. Para alcanzar la posesión de semejante bien absoluto todo es válido y, en primer lugar, la neutralización política de quienes negamos este bodrio filosófico incluso teoréticamente: los fascistas. De ahí que no sólo como efecto automático del contenido material de la ley penal vigente, en sí misma inconstitucional, o incluso de la práctica policial general de la fiscalía del odio (que actúa, y lo ha confesado abiertamente Aguilar, antes de que hayan indicios de delito y con motivo de la simple detección de la ideología fascista), sino como consecuencia necesaria del sentido mismo del antifascismo, la instrucción de todo el procedimiento contra los acusados por la Kalki había de reducirse a una serie de trampas y fraudes alimentadas por el odio y propias de la instrucción de un juez soviético. Hechos que podrían y deberían ser denunciados como lo que son: la vulneración sistemática, de principio a fin, de los derechos fundamentales de conciudadanos nuestros, los cuales, antes de todo accionar jurídico, habían sido ya socialmente colocados, como fascistas convictos y confesos que eran, fuera de ese club selecto llamado “la humanidad” y sometidos, en tanto que meros objetos útiles, al visionado de un rentable proyecto político-mediático de violencia antifascista. La misma que empleaba ETA con el tiro en la nuca, pero envuelta en togas y perfumada con los modos y maneras propios de un juez Vichinsky cualquiera.
Hagámonos la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si millones de ciudadanos, amparándose en la Constitución Española, se declararan fascistas sin cometer delito alguno? El magistrado Colmenero ha visto claro que, en ese hipotético caso, se pondría fin al Estado de Derecho, pero no por culpa de dichos ciudadanos, sino porque, en buena lógica, la fiscalía de Aguilar podría perseguir policialmente a millones de españoles, encarcelarlos de manera cautelar y establecer en España una dictadura totalitaria encubierta, una tiranía policial capaz, con la ley en la mano, de extender indefinidamente la “sospecha” de fascismo a quienquiera que discrepara sobre ciertos temas o mantuviera relación social normal con aquéllos “malvados fascistas”. Ahora bien, cuando una norma resulta totalitaria para una persona o grupo, dada la pretensión de validez universal que es inherente a la normatividad legal, lo es también para el resto de la sociedad. No la librería Kalki, el CEI o ENR, sino el fiscal Aguilar, sus métodos, la existencia misma de la fiscalía que dirige, las leyes en que se fundamenta su actividad, etc., representan, a mi entender, un atentado a la Constitución Española. La amenaza a la democracia no se denomina librería Kalki, sino, !ay!, fiscal Aguilar.
La madrugada del 8 de julio de 2003, los Mossos d’Esquadra desencadenan la “Operación Reich” con la detención del responsable de Ediciones Nueva República. A efectos de humillarlo, lo sacan de casa encapuchado ante las estupefactas miradas de sus vecinos. Comienza así un calvario que durará ocho largos años -y que todavía no ha terminado, puesto que la sentencia del TS ha sido recurrida al Tribunal Constitucional. Queda claro por la fecha que la Operación Reich no forma parte de la política “comunista” del tripartit, sino que fue ideada y puesta en práctica bajo el gobierno “nacionalista” (!ja, ja!) o, mejor, sionista, de CiU, la derecha burguesa catalana (las relaciones entre Saura e Israel no eran demasiado buenas, como sabemos por la negativa del conseller de Interior a conmemorar el día del Holocausto coincidiendo con la Operación Plomo Fundido en Gaza). No obstante, el tripartit nunca le hará ascos a una tramoya propagandística incrustada en el molde mental antifascista de raíz estaliniana que Hollywood ha convertido en la philosophia franca o ideario común de occidente. En cualquier caso, como reconoce Ramón Bau, uno de los imputados, en su artículo “Un final justo para un proceso kafkiano” (“Devenir Europeo”, Núm. Especial, Verano 2011, pp. 4-11), el hecho de que la Operación Reich resulte reconocible, por su denominación de origen, como producto típico de la Cataluña pujolista, va a ser un factor importante en el desarrollo del entero procedimiento judicial:
Lo más curioso es que dado que éramos “peligrosos y armados” la policía catalana presentó las “pruebas” de esta peligrosidad a la Justicia nacional para detener en Madrid y Sevilla al Vicepresidente y al Tesorero de CEI y al responsable de La Orden (que era de Castilla, y precisamente La Orden era lo “más peligroso”). Pues bien, la policía catalana durante el proceso declaró que la respuesta de los jueces de Madrid y Sevilla fue que no había prueba alguna de nada y que no había motivos de la detención. De esta forma ni siquiera se registró el local oficial del CEI que estaba en Madrid ni se detuvo a nadie fuera de Cataluña (Bau, R., op. cit., p. 5).
Otro elemento esencial de la “catalanidad” sionista del proceso fue el intento -fallido- de instruirlo de tal manera que la segunda instancia de apelación recayera necesariamente en la Audiencia Provinicial de Barcelona, o sea, dentro de Cataluña, donde el funcionamiento familiar de la oligarquía permitiría la repetición de los mismos abusos que posibilitaran, a la postre, el encarcelamiento de Pedro Varela:
Por supuesto, la fiscalía pretendía que se nos juzgara en un Tribunal de Barcelona en primera instancia y recurso a la Audiencia de Barcelona, así la cosa no salía de Cataluña y de su control, como pasó con el caso Pedro Varela, sin poder llegar al Tribunal Supremo. / Pero la fiscalía había cometido el error al pedir para mí más de 10 años de inhabilitación de cargo público. Y cuando una petición de pena pasa de 10 años debe ir en primera instancia a la Audiencia y el recurso al Supremo. De forma que protestamos y logramos que fuera así. Eso nos iba a salvar de las garras del Tripartit (op. cit., p. 7).
!No del tripartit, sino de la oligarquía! En nuestro Decálogo contra el Catalanismo Oligárquico ya sugerimos que para la mafia catalana ansiosa de independència (o sea, de más poder impune) resulta fundamental clausurar dentro de su territorio todos los procesos (farsas) judiciales que puedan afectarla y con que pretende, en general, mantener una tenue apariencia de justicia democrática, estrategia que implica acabar con las segundas instancias (TS) sitas en Madrid u otros lugares del territorio español. Uno de los objetivos de la oligarquía local, furibundamente sionista, sectaria, incompetente y corrupta que controla Cataluña, sería, consecuentemente, impedir que sus abusos pudieran ser revisados (y corregidos) por ojos imparciales o ajenos a los intereses de las 200 familias. El dispositivo institucional catalán, el derecho catalán, la lengua catalana y, en fin, el mito de la Catalunya sobirana, mientan así la cárcel en que esperan mantener mentalmente secuestrados, presos y esclavizados a todos los ciudadanos catalanes; y a eso -al cortijo colonial sionista- es a lo que denominan “independencia” los políticos catalanistas. Un ejemplo diáfano de lo denunciado por el Decálogo será así, debidamente interpretado, el caso Kalki/CEI/ENR. El Tribunal Supremo desmontó uno por uno todos los fraudes e imposturas de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona. Que esa burla de la justicia haya podido existir es el reflejo y el resumen perfectos de cómo funcionan las oligarquías cipayas de Sión en el mundo occidental. De todas ellas, Cataluña encarna el ejemplo europeo-meridional por excelencia, sólo superado quizá por la Tangentópolis italiana.
Pero, ¿cómo era en concreto la Cataluña que iba a perseguir a los acusados por el caso Kalki? ¿Qué ocurría en este país mientras el fiscal Aguilar se dedicaba a hurgar en las bibliotecas privadas de cuatro ciudadanos con el fin de entresacar de algunos de sus libros, por ejemplo una obra de Quevedo, ciertas frases fuera de contexto y erigirlas, pese a que no habían salido de las cuatro paredes de sus casas, en supuestas soflamas de incitación al odio racial?
Correremos un piadoso velo respecto de los escándalos por corrupción e incompetencia que sacudían, un día sí y otro también, el tejido social catalán en los últimos años del largo dominium convergente y durante el agónico paréntesis del tripartit. Limitémonos al tema de los derechos humanos y de la “instigación al odio”, la coartada en que se ampararon los inquisidores de la fiscalía para perseguir a los “fascistas”. Pues bien, Cataluña no podía precisamente enorgullecerse, como acreditan los siguientes documentos, de su currículo humanitario, cuando menos si se le aplican los estándares europeos. Un tardío informe de Amnistía Internacional -tardío porque esta ONG conocía y silenciaba la verdad de las prisiones catalanas desde 1999- distingue a Cataluña como lugar que empezará a sonar y a ser conocido en el resto del mundo por abusos carcelarios y policiales de dimensiones escandalosas:
Unas semanas antes de que Carlos García Soler fuera detenido por los Mossos d’Esquadra, se había producido un motín en la prisión de Quatre Camins (30-4-2004); era ya el segundo en dos años. Devueltos los presos a sus celdas, entre 200 y 300 funcionarios, muchos de ellos de otras cárceles autonómicas, penetraron ilegalmente la noche del 1º de mayo de 2004 en el perímetro interior del centro penitenciario, organizaron una asamblea, se apoderaron del mando de la prisión y aplicaron la doctrina de la “mano dura” promovida y difundida por el sindicato mayoritario de prisiones desde 1993:
http://www.adecaf.com/altres/amn/amn/postmo.htm

http://elpais.com/diario/2004/11/25/catalunya/1101348450_850215.html

http://elpais.com/diario/2004/11/24/catalunya/1101262057_850215.html

http://elpais.com/diario/2004/12/03/catalunya/1102039659_850215.html

http://elpais.com/diario/2009/02/06/catalunya/1233886048_850215.html

¿Era posible semejante bochorno, propio de una república bananera, en un territorio de la Unión Europea? Sí, pero sólo en Cataluña, porque aquí manda una de las oligarquías más despóticas, ineptas, malvadas y podridas del continente. Durante años, el abajo firmante, Jaume Farrerons, como presidente de una asociación patriótica de funcionarios, elevó informes a Amnistía Internacional anticipando de forma documentada y razonada el crecimiento exponencial de los casos de maltrato si no se denunciaba públicamente la naturaleza peligrosísima del sindicalismo corporativista. Pero la oligarquía había colocado sus peones tanto en esta ONG como en el sindicato en cuestión (de ideología nacionalista), de manera que la mano negra del poder no encontró dificultad alguna a la hora de neutralizar las iniciativas humanitarias de ADECAF. Por las fechas en que empezó la Operación Reich, faltaban empero pocos meses para que la Universidad de Barcelona, citando expresamente el Informe sobre la instigación sindical de malos tratos a los reclusos en las prisiones catalanas (2000), de ADECAF, reconociera la existencia de una mafia sindical corporativista que, mediante la difusión de boletines y comunicados, promovía la vulneración sistemática de la legalidad en materia de derechos humanos de los internos:

La propia central sindical que en ese momento acogía a la sección mayoritaria de prisiones tuvo que admitir a regañadientes la realidad del fenómeno carcelario y expulsar a sus afiliados de ideología corporativista para, una vez difundida la verdad (!gracias a ADECAF!), no precipitarse en el abismo del desprestigio más absoluto:

http://www.adecaf.com/altres/amn/amn/anar.htm

Pero el aspecto más relevante del asunto, a los efectos que nos ocupan, es que el gobierno catalán había encubierto y amparado a este sindicato (véase la intervención parlamentaria de Núria de Gispert de febrero de 1999) y pactado con él, bajo el mandato convergente, permitiendo que el corporativismo funcionara como una suerte de “partida de la porra” para silenciar a los funcionarios legalistas que denunciaban los crecientes casos de maltrato y perjudicaban con ello la “imagen” política internacional de Cataluña. Fue también el gobierno de la Generalitat, aunque ya en la época del tripartit, el que, ante la avalancha de casos de tortura imputados a los Mossos d’Esquadra, optó por negar las sentencias, incluso firmes, iniciando con Montserrat Tura una moda de corporativismo institucional que Felip Puig ha hecho suyo como nuevo conseller de Interior de CiU.

La noche en que se presentaron los Mossos d’Esquadra en el domicilio de Carlos García Soler no había pasado, por tanto, ni un mes desde que funcionarios de la Generalitat de Catalunya, actuando como esas bandas de skin-heads a las que el fiscal Aguilar seguramente se jactará de perseguir, aplicaron una doctrina de odio al recluso que el sindicato mayoritario de prisiones, con el consentimiento y estímulo del gobierno, había difundido desde hacía décadas entre el personal de vigilancia penitenciaria, distribuyendo el material propagandístico en los mismísimos centros de trabajo, o sea, ante los ojos de los directores y altos cargos penitenciarios del catalanismo. Con ello, políticos y sindicalistas adoctrinaron, por activa o por pasiva, a un importante sector de funcionarios, quienes, en 2004, reproducirían los vergonzantes hechos de Herrera de la Mancha (1979-1984) erigidos en mito fundacional del programa electoral de la central corporativa (1994-1998). El huevo de la serpiente se incubó, en efecto, siendo secretario de formación del sindicato nada menos que el hermano de la consellera de Justicia Núria de Gispert. Que esos funcionarios organizaran el martirio del “túnel” años más tarde era así la consecuencia de una instigación al odio contra un grupo social concreto, los presos (véase art. 510 CP), que las autoridades y el propio fiscal habían podido conocer gracias a las repetidas denuncias de ADECAF (y otras organizaciones que se hicieron eco de las mismas), pero ignoraron por razones políticas.

La fiscalía, insistamos en ello, no hizo absolutamente nada para impedir lo que, según nuestros documentados pronósticos, y aunque la realidad superara con creces las peores previsiones, tarde o temprano iba a suceder y efectivamente sucedió. !Estos son los derechos humanos y la lucha contra el odio del fiscal Miguel Ángel Aguilar! O bien es Aguilar un incompetente que carece de las necesarias fuentes de información para identificar las materias de su interés (en este caso se trata, no obstante, de portadas y titulares de prensa), o bien, como parece más probable sin menoscabo de aquella inepcia, su fiscalía no es una institución contra el odio, sino una simple cheká antifascista con una finalidad estrictamente política. Q. e. d. (quod erat demonstrandum).

Que hayan podido suceder los hechos de Quatre Camins de 1º de mayo de 2004, con unos antecedentes documentados hasta la náusea, y Aguilar no moviera nunca un dedo para impedirlos, le delata como pseudo profesional del derecho. Y el fracaso de su querella en el caso Kalki comporta el más espantoso de los ridículos jurídicos, porque, no habiendo sido Aguilar capaz de perseguir una patente instigación al odio montada delante de sus narices contra el colectivo más débil de la sociedad, a saber, el de aquéllos los privados de libertad, construyó en cambio en su mente una supuesta conspiración nazi para derrocar la democracia mediante la fuerza de las armas y unas nuevas SS que sólo existían en su calenturienta imaginación de antifascista fanático. Consecuencias, en fin, del doblepensar, que termina, por su propia dinámica torcida, perdiendo de vista lo obvio.

Señor Aguilar: no hay víctimas de la Kalki, sépalo; pero sí de los boletines sindicales corporativistas. Y a usted, que tuvo noticias del affaire penitenciario, ni siquiera se le pasó por la cabeza, u olvidó convenientemente recordar según la pseudo lógica del INGSOC, que estuviérase instigando a la violencia contra los reclusos con el consentimiento de todo un gobierno autonómico, porque funciona usted, y a los hechos me remito, de acuerdo con la metodología intelectual del doblepensar. Usted no es, en suma, el fiscal de una democracia, sino un comisario del sionismo disfrazado con la toga del jurista profesional, técnicamente pésimo y que, en el aspecto humano, preferiría no calificar para no incurrir en delito.

Así, la noche del 24 de mayo de 2004, Carlos García Soler pudo detectar el siguiente indicio inequívoco de lo que significaba el “antifascismo” de la fiscalía política en el seno de una sociedad catalana controlada por la oligarquía filosionista. Doy total credibilidad a sus palabras, porque aquello que personalmente conozco de primera mano sobre la cuestión (aunque relativo a otros ámbitos) va bastante más allá del testimonio de García Soler:

Hay una cosa que siempre recordaré: el policía que llevaba la voz cantante, iba de paisano, y llevaba una insignia de la estrella roja en la solapa, la ESTRELLA COMUNISTA, parecía que quiso recordarme con ello QUIÉN MANDABA (García Soler, C., op. cit., p. 15).

Sí, pero no sólo quién mandaba, sino, ante todo, cómo mandaba y la impunidad de los cien millones de víctimas del judeobolchevismo, ignominia que de alguna manera acababa de replicar su código genético-simbólico en Quatre Camins en cuanto impunidad del antifascismo convalidada de facto por el govern sionista de la Generalitat para el que ese policía, ese comisario político, confesaba ostentosamente estar trabajando (los cuadros técnicos de los Mossos d’Esquadra son entrenados, como todo el mundo sabe o debería saber, por el Mossad).

Prosigue aquí:

http://nacional-revolucionario.blogspot.com/2012/03/retrato-del-antifascista-en-orwell-7.html

20 de febrero de 2012

domingo, febrero 19, 2012

El fraude de Amnistía Internacional (1)

Pocos meses después de que se hiciera pública la presente denuncia contra Amnistía Internacional, se produjo un violento motín en la prisión de Quatre Camins que fue el resultado, según los amotinados, de años de maltratos impunes que ya habían dado lugar anteriormente a un amotinamiento en la misma prisión (2002). Después de que los internos volvieran a las celdas, entre 200 y 300 funcionarios que en muchos casos no formaban parte de la plantilla de la prisión, entraron ilegalmente en Quatre Camins la noche del 1º de mayo de 2004, sacaron a decenas de presos de sus celdas y los golpearon. La propia Generalitat de Catalunya tuvo que reconocer que 28 internos habían sido maltratados, pero también que no podía identificar a los culpables. Una opaca ley del silencio, la omertà corporativa, amparaba a los torturadores con uniforme para descrédito de todo el colectivo, convertido así en cómplice de la fechoría. El Consejo de Europa reconoció el papel que el sindicalismo corporativista había jugado en todo el asunto. ¿Qué hizo Amnistía Internacional?

Amnistía Internacional, con una prepotencia que en nada la distingue de los gobiernos a los que dice criticar pero en realidad sirve lacayunamente, nos respondió, después de 5 años ignorando la denuncia, que no aceptaba “amenazas” (la supuesta amenaza consistía en publicar la presente queja si no se respondía razonadamente al informe de ADECAF de enero de 1999, donde ya se anticipaba lo que iba a suceder si no se detenía el avance del sindicalismo corporativista). El motín poco cambió las cosas. Amnistía Internacional, en su informe anual de 2004, recogió algunos de los elementos del informe presentado por la Universidad de Barcelona en octubre de 2003, pero ocultó que el informe de la UB hacía mención expresa del informe de ADECAF de 1999. O sea, que durante años AI dispuso de la misma información que la UB, procedente de ADECAF, pero no hizo nada. Y sólo cuando la UB publicó esa información, AI la dio por buena, aunque censurando el tema del corporativismo sindical y las siglas implicadas en esta suerte de red mafiosa.
En la actualidad, la causa por las torturas de Quatre Camins duerme el sueño de los justos en algún tribunal, y Amnistía Internacional sigue callando la impunidad de lo sucedido.
DENUNCIA
CONTRA VERONIKA NELSON Y GILLIAN FLEMING (INTERNATIONAL SECRETARIAT DE A. I.) POR CONOCER Y HABER IGNORADO GRAVES VULNERACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS PRISIONES CATALANAS (ESPAÑA)
La abajo firmante, funcionaria de la Generalitat de Catalunya y miembro de la Associació Democràtica Catalana de Funcionaris de Presons (ADECAF), quiere poner en conocimiento de los órganos disciplinarios de la organización arriba referenciada los siguientes:
HECHOS
1.- EXISTENCIA DE UNA DENUNCIA SOBRE HECHOS GRAVES A LA QUE EL SECRETARIADO INTERNACIONAL DE LONDRES NO HA DADO RESPUESTA.
En verano de 1998, ADECAF presentó ante Amnistía Internacional Catalunya un informe en lengua catalana titulado precisamente Informe ADECAF a Amnistia Internacional. El tema de dicho informe era el sindicalismo penitenciario y más en concreto la sección sindical de prisiones de la central USO o USOC (Unió Sindical Obrera de Catalunya). A lo largo de unas treinta páginas se argumentaba y probaba mediante abundante documentación que esta sección de prisiones estaba promoviendo en Cataluña una política contraria a la rehabilitación de los reclusos. Además, se adjuntaban pruebas relativas a la implicación de un alto dirigente sindical en un caso de malos tratos posteriormente confirmado por los tribunales. Queremos recordar que el sindicato USO, hecho también probado mediante multitud de documentos aportados con posterioridad al informe, mantenía estrechos contactos políticos, personales y financieros con el partido en el poder, Convergència i Unió (CiU), hasta el punto de que el secretario de formación de USO, Sr. Ignasi de Gispert, era hermano de la ministra de justicia del gobierno local, la honorable Núria de Gispert.
En una conversación privada telefónica con Jordi Montaner i Maragall, presidente de AI Catalunya, este señor admitió que en las cárceles catalanas “AI no ha hecho nada” desde los traspasos de competencias en el año 1985. Ésta es ya una afirmación que debería contrastarse y explicarse, pues parece merecedora de una investigación por parte de los órganos disciplinarios competentes. En el mismo sentido, podemos probar que en el año 1996 un miembro de ADECAF publicó un artículo en el diario AVUI donde se denunciaba al sindicato USO Prisiones por su política contraria a la legalidad. Y también podemos probar que en el año 1997 el diario EL PAIS publicó el artículo “Mano dura con los presos”, firmado por Xavier Horcajo, donde se denunciaban los mismos hechos, sin que Amnistía Internacional Catalunya emprendiera ninguna acción para verificarlos. En cambio, el Sr. Montaner invertía tiempo y dinero de la ONG en la edición de trípticos donde se planeaba la ociosa cuestión del “fet diferencial de Amnistía Internacional Catalunya”. Conviene añadir que la mencionada llamada telefónica fue nuestro último contacto con el Sr. Montaner, el cual, sin mediar explicación ni incidente alguno, eludió a partir de entonces toda relación con ADECAF. Nuestra desconfianza hacia esta ONG procede, por tanto, de una experiencia penosa que los acontecimientos posteriores no han hecho sino confirmar.
El Informe ADECAF fue ignorado por Jordi Montaner i Maragall durante más de seis meses, hasta que, en diciembre de 1998, tuvimos que “amenazar” a los responsables del fraude con denunciarlos ante el Secretariado Internacional de Londres si no daban una respuesta razonada a nuestra denuncia. Inmediatamente, el 28 de diciembre de 1998, una voluntaria de la vocalía jurídica redactó una carta que fue enviada al director general de prisiones, Sr. Ignasi García Clavel. En dicha misiva se comunicaba el traslado a Londres de los hechos denunciados y se calificaba como “grave” el contenido del informe. No se entiende, empero, la espera de seis meses tratándose de unos extremos que, al mismo tiempo, son calificados en términos tan contundentes.
Como quiera que la carta fue filtrada a la prensa por nuestra asociación a fin de aliviar el acoso laboral que ya entonces padecíamos por nuestra constante defensa de los derechos humanos en las cárceles catalanas (con denuncias periodísticas a las que ya hemos hecho referencia), Amnistía Internacional Catalunya se apresuró a desmentirnos, lo que provocó interminables conflictos con los periodistas. Ahora bien, ADECAF en ningún momento afirmó que Amnistía hubiera condenado los hechos, nuestra asociación se limitó a entregar la carta a los medios de comunicación con una nota de prensa en la que se afirmaba expresamente que el informe había sido elaborado por ADECAF, pero Amnistía, lejos de intentar contactar con nosotros para aclarar el tema, actuó por su cuenta como si la iniciativa de un grupo de funcionarios de prisiones en la defensa de los derechos humanos no le mereciera el más mínimo respeto. Un ejemplo: a diferencia del Colegio de Abogados de Barcelona, que en una carta manifestó su apoyo a la tarea desarrollada por ADECAF, Amnistía Internacional nunca ha manifestado su respaldo (algo bien diferente de emitir una condena contra otras organizaciones) a la tarea de unos voluntarios que no sólo dedican tiempo, sino que se juegan su salud y su trabajo para hacer realidad el ideario que Amnistía dice defender.
A principios de 1999, enviamos al Secretariado Internacional de Londres una versión ampliada del informe ADECAF en lengua castellana. En la primavera de ese mismo año, y a pesar de que el dirigente de USO Prisiones procesado fuera finalmente condenado por malos tratos, el Secretariado Internacional de Londres, y en concreto la Sra. Veronika Nelson, archivó las actuaciones sin dar ninguna explicación que fundamentara la resolución desestimatoria.
En febrero de 1999, y a raíz de la denuncia de ADECAF, la sección de prisiones de USO fue expulsada de este sindicato y se integró en CATAC. Sin embargo, este cambio de siglas no supuso una modificación de sus planteamientos corporativistas originarios. Así, en diciembre de 1999, a raíz del cese del director general Ignasi García Clavel, el máximo dirigente de CATAC Prisiones, M. P. A., amenazaba por escrito a los “chivatos” y decía que el sindicato “iría a por ellos, uno por uno”. El boletín sindical donde se vierten las amenazas y se califica de “judas iscariote” a los funcionarios que se atrevan a denunciar la práctica de malos tratos por parte de sus “compañeros” tiene depósito legal y se distribuye entre toda la plantilla en el interior mismo de los centros penitenciarios, con total desparpajo. A nuestro entender, este simple hecho, tratándose como es el caso de un sindicato mayoritario, impide el cumplimiento de la legalidad y posibilita que los malos tratos puedan perpetrarse impunemente. El personal penitenciario, intimidado por el corporativismo y ante la absoluta pasividad de la administración y de ONGs repletas de progresistas, no se atreve a denunciar las vulneraciones de los derechos humanos. El provecho que la clase política obtiene de dichos sindicatos corporativistas es acallar posibles escándalos en los medios de comunicación social que pongan en cuestión la continuidad de sus cargos. Pues bien, algo tan fácil de entender como este conjunto de circunstancias lamentables escapa, al parecer, a las capacidades intelectuales del Secretariado Internacional de Londres.
En septiembre de 2000, CATAC Prisiones puso en práctica sus amenazas contra los “chivatos” acosando a un funcionario que había denunciado a un dirigente sindical por malos tratos. En un escrito insultante donde se le acusaba de “inepto”, tres sindicatos y cuarenta funcionarios pedían su cese. El funcionario amenazado venía padeciendo acoso laboral desde el año 1993, pero la administración no había hecho nada para impedirlo. A raíz de este episodio, en octubre de 2000 ADECAF elaboró el Informe sobre la instigación sindical de malos tratos a los reclusos y lo remitió a Amnistía Internacional. En enero de 2001, Gillian Fleming, del Secretariado Internacional, envió una carta a ADECAF reabriendo un caso que se remontaba al año 1999 y que, según sus propias palabras, “se había prolongado demasiado tiempo”.
La denuncia de ADECAF recibió a partir de 2001 el apoyo de diversas entidades, a saber, el Observatorio de los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, el centro de estudios Cristianismo y Justicia, el Colegio de Abogados de Barcelona y la Universidad Católica de Comillas. Sin embargo, dichos avales sirvieron de bien poco. En verano de 2002, Amnistía publicó en su informe anual la historia de un funcionario presuntamente sometido a acoso, pero no dio por probados los hechos ni emitió condena alguna, evitando en todo momento hablar del sindicato denunciado y de una situación generalizada de amenaza corporativa contra el personal de prisiones. Como consecuencia de ello, el corporativismo pudo seguir actuando a sus anchas y la impunidad en las vulneraciones de los derechos humanos de los reclusos y de los funcionarios de prisiones catalanes no se modificó ni un milímetro. En este sentido, puede afirmarse que la única gestión de Amnistía en relación con los hechos denunciados por ADECAF se ha manifestado absolutamente ineficaz, lo que debería hacer reflexionar a los responsables de esta ONG .
En el año 2002, otras entidades, además de ADECAF, denunciaron la situación que se vive en las prisiones catalanas en términos análogos a los expuestos por nuestra asociación. Conviene no olvidar que ADECAF había hecho circular su informe, repleto de documentos probatorios, y este hecho decisivo obligó a dar una respuesta a todos aquellos que dicen estar comprometidos en Cataluña con la defensa de la legalidad. A todos excepto a Amnistía, claro. Así, a finales de 2002, Justícia i Pau, prestigiosa ONG catalana, elaboró y publicó el informe La presó a Catalunya. Un diagnòstic de la situació actual, donde se hace referencia expresa al sindicalismo como responsable del endurecimiento en las condiciones de vida de los presos. Ni una sola mención de los funcionarios sometidos a acoso a pesar de ser ellos la fuente de la información, pero al menos un reconocimiento de la verdad de los hechos denunciados por ADECAF. Asimismo, Cristianisme i Justícia publicó en enero de 2003 el informe “Què passa a les presons catalanes?” donde se cita expresamente a CATAC como promotor de una política penitenciaria de mano dura y a ADECAF como principal denunciante de dicha política. Sin embargo, Amnistía Internacional no tiene suficiente y sigue sin hacer referencia alguna al sindicalismo corporativo. El Secretariado Internacional exige “partes médicos”. En caso contrario, no hay nada que condenar. Lamentablemente, esta actitud provocará que, en los años por venir, los partes médicos (de funcionarios y reclusos) empiecen a ocupar el lugar de los boletines sindicales como objeto de nuestra denuncia.
A principios de 2003, se hace público que M. P. A., el máximo dirigente de CATAC, está implicado en un nuevo caso de malos tratos. Este hecho se suma a la condena en sentencia firme de otro dirigente sindical de USO Prisiones a quien los tribunales acusaban de lesiones con abuso de superioridad. M. P. A., por su parte, ya había sido procesado y absuelto en otro caso de malos tratos por el que sólo fue objeto de una sanción administrativa. En este ocasión, los implicados son cuatro funcionarios, todos ellos afiliados al sindicato CATAC. Ahora bien, a pesar de que nuestra asociación pone los hechos en conocimiento del Secretariado Internacional, recordándole que podía haberse evitado este nuevo caso condenando a tiempo la política del sindicato, auténtica raíz del mal, Amnistía no se molesta en contestar. A mediados del 2003, la sección de prisiones de CATAC es expulsada de su propio sindicato bajo la acusación de corporativismo y se integra esta vez en UGT. CATAC considera que las prácticas de su sección de prisiones son incompatibles con el respeto a los derechos humanos, y así lo manifiesta públicamente, pero los “progresistas” de UGT no le hacen ascos a 800 afiliados. Estos hechos, cuyo valor probatorio nos parece incuestionable, no parece afectar tampoco a las señoras Veronika Nelson y Gillian Fleming, investigadoras del caso. A estas alturas, y ante la pasmosa evidencia, el Secretariado Internacional parece haber adoptado la resolución de ignorar los hechos a fin de no tener que enrojecer de vergüenza.
El 17 de octubre de 2003, el Observatorio de los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona publica el informe Condicions de l’empresonament a Catalunya, donde se cita expresamente, confirmándolo en su integridad, el informe ADECAF. No sólo eso, a lo largo del texto de cuatrocientas páginas se hace extensa referencia al sindicato CATAC como promotor de políticas contrarias a la legalidad penitenciaria. En este punto, la posición del Secretariado Internacional de Londres, que conocía desde el año 1999 los hechos denunciados por la Universidad de Barcelona, pasa del descrédito y la vergüenza a la fundada sospecha de serias irregularidades en el funcionamiento de la organización.
Desde el cese de García Clavel, los indicios de regresión punitivista por parte de la Generalitat de Catalunya, bajo los auspicios de la “honorable” Núria de Gispert y con el apoyo total de los sindicatos de carceleros, eran evidentes con la simple lectura de la prensa diaria. Por ejemplo, en verano de 2002 se produjo un motín en la cárcel de Quatre Camins. Según testimonios de los presos, que a estas alturas parecen más que creíbles, el motín fue instigado por los sectores corporativistas del personal de vigilancia, los cuales esperaban justificar, a partir de un acontecimiento espectacular de estas características, el giro radical en la política penitenciaria hacia la “mano dura”, giro que efectivamente se produjo con la creación de departamentos especiales y el abandono de toda sensibilidad favorable a la rehabilitación de los reclusos, siempre en beneficio de las actitudes corporativistas. Las actuales denuncias por torturas son el desenlace de una muerte largamente anunciada (con muertes y suicidios reales de internos) en la que el papel de Amnistía Internacional no ha sido otro que negarse a responder, desde la soberbia del que no quiere bajar de su pedestal y reconocer su error, las repetidas demandas de auxilio por parte de ADECAF. Por todo ello, y de manera totalmente fundada, ADECAF ha iniciado una campaña de denuncia contra Amnistía Internacional, que continuará mientras no obtengamos una respuesta razonada que justifique el silencio de esta ONG.
2.- VERACIDAD PROBADA DE LA DENUNCIA DE ADECAF.
Los hechos expuestos demuestran hasta la saciedad que el informe presentado en verano de 1998 y las posteriores ampliaciones y nuevos informes, en especial el Informe sobre la instigación sindical de malos tratos a los reclusos en las prisiones catalanas (2000), no sólo estaban totalmente fundados en lo que respecta a la caracterización del sindicato mayoritario de prisiones como organización incompatible con la legalidad penitenciaria, sino también en lo que concierne a las previsiones y posibles efectos que, mirando hacia el porvenir, la creciente influencia de esta central sindical podía tener en las prisiones catalanas.
Así, después de describir las prácticas de USO Prisiones y su lento pero eficaz trabajo de adoctrinamiento, en su informe de 1998 ADECAF hacía el siguiente pronóstico: “Finalment, considerem que, tot plegat i amb les idees i maneres de fer característiques d’USO Prisiones, aquestes circumstàncies, habituals a les nostres presons, es poden veure potenciades en extensió i profunditat, fins a concretar-se en casos de tortures o maltractaments” 1.
Y en el informe de 1999, versión castellana ampliada del anterior: “A nuestro entender, la doctrina punitivista puede generar o estar generando ya entre los funcionarios de prisiones un consenso ideológico que permitiría encubrir, a la hora de redactar los informes disciplinarios, posibles violaciones de los derechos humanos que, practicadas sólo por una minoría del personal de custodia, convertiría a toda la plantilla en cómplice de tales abusos, imponiendo una “ley del silencio” tras la cual se escondería una cifra negra de malos tratos indetectable por las autoridades judiciales. En efecto, la situación descrita por el documento 31 parece relevante en este aspecto en la medida en que fue un funcionario de prisiones quien rompió la “ley del silencio” que puede estar amparando a la minoría de mano dura. Las consecuencias desastrosas en el plano laboral que, para los funcionarios que cumplen con su deber, se derivan de tales denuncias, sólo son posibles si impera una ideología punitivista que castigue a los “colaboracionistas” creando alrededor de ellos un “vacío moral” en el que participen todos los “compañeros” y convierta la vida de estos funcionarios así estigmatizados en un auténtico infierno (…) Para que esa seguridad de grupo sea espontánea y automática, es necesario un punto de referencia lingüístico, una serie de consignas, ideas, creencias y sentimientos (connotaciones) comunes. Ahora bien, sólo una organización sindical mayoritaria que disponga de cierta infraestructura, puede llegar con sus escritos, combinando las reivindicaciones laborales con los mensajes punitivistas, a todos los rincones de un determinado ámbito de la administración penitenciaria. Es en este punto donde puede generarse el espacio simbólico que convierta en víctimas potenciales no sólo a la totalidad de los internos, sino a los propios funcionarios” (op. cit., págs. 22-23). Estas afirmaciones las hizo nuestra asociación dos años antes de conocer el caso del funcionario sometido a acoso laboral tras haber denunciado a un dirigente sindical por malos tratos. No debe extrañar, por tanto, que habiendo realizado la lectura de los informes elaborados por ADECAF, una persona neutral y no condicionada políticamente como fue la autora del primer documento de Amnistía sobre estos hechos, afirmara lo siguiente: “De la información facilitada por dichos funcionarios de prisiones se desprende que desde hace años existe un comportamiento grave que comporta la violación de los derechos humanos” (Amnistía Internacional, Carta al Director General de Instituciones Penitenciarias de Catalunya, 28-12-98). Nos parece evidente que la firmante de dicha carta percibió con claridad lo que la difusión de ciertas ideologías en el seno de los centros penitenciarios podía suponer en detrimento de los derechos humanos de los reclusos. Un simple análisis de los resultados electorales en las prisiones catalanas permite cotejar la correlación entre el desarrollo del sindicato corporativo (33% de los votos en 1995, 42% en 2002, 66% tras su fusión con UGT en 2003), el endurecimiento de la política penitenciaria y el aumento de las denuncias por malos tratos, los suicidios, las fugas y los motines.
Ahora bien, si tanto los informes de otras entidades como la evolución de las prisiones catalanas han confirmado en su totalidad (y, lamentablemente, cumpliendo las previsiones más pesimistas) el contenido de la denuncia de ADECAF, calificada en su día de grave por Amnistía, ¿por qué no condena el Secretariado Internacional? ¿Qué le impide emitir un comunicado de seis líneas criticando las actuaciones de este sindicato? La omisión de su deber de llegar a un pronunciamiento motivado representa, a nuestro entender, una vulneración flagrante del mandato de Amnistía. Nuestra asociación, en cumplimiento de su propio mandato como entidad de defensa de los derechos humanos, tiene el deber de poner en conocimiento de la opinión pública lo que considera flagrantes irregularidades con resultado de varios casos de presuntos malos tratos. Vulneraciones de los derechos humanos que, además, pueden multiplicarse en el futuro hasta extremos todavía más escandalosos, pues es de esperar que el crecimiento del sindicato corporativista continuará hasta copar el 100% de la afiliación del personal de prisiones en Cataluña.
3.- ACTUACIONES INCORRECTAS DE MIEMBROS DE AMNISTIA INTERNACIONAL EN RELACIÓN A LA DENUNCIA DE ADECAF.
De los anteriores hechos probados, y de los que se describen a continuación, pueden derivarse las siguientes actuaciones reprobables por parte de algunos miembros de Amnistía Internacional.
El Secretariado Internacional de Londres está institucionalmente obligado, por el propio mandato de Amnistía, a dar una respuesta razonada y fundada a las denuncias sobre malos tratos que reciba por parte de funcionarios de prisiones en el desempeño de sus cargos, máxime cuando esta organización califica el deber de denunciar malos tratos como una obligación inscrita en el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Las señoras Veronika Nelson y Gillian Fleming han omitido dicha obligación y han convertido en pura irrisión los llamados de Amnistía a los cuerpos policiales y de funcionarios de prisiones a comprometerse personalmente en la defensa de los derechos humanos.
Ante la abundante documentación, avales e informes de otras entidades que confirman los hechos denunciados por ADECAF, así como el cumplimiento de sus previsiones sobre las consecuencias de no condenar el desarrollo del corporativismo sindical en las prisiones catalanas, el Secretariado Internacional de Londres ha vulnerado el más sagrado mandato de esta ONG, y es moralmente responsable de los presuntos casos de torturas y malos tratos que han sido denunciados con posterioridad a su conocimiento de los hechos.
Amnistía Internacional Catalunya no ha cumplido nunca sus obligaciones de fiscalización y control de las prisiones catalanas, destinando recursos de esta ONG a actuaciones de propaganda nacionalista catalana, omitiendo su deber de investigar denuncias aparecidas en los medios de comunicación, ocultando durante seis meses la denuncia que ADECAF presentó en 1998 (y que, ahora, con la perspectiva de los años y el estallido del número de los casos de denuncias por torturas, muestra hasta qué punto respondía a la realidad).
Algunos miembros de Amnistía Internacional Catalunya se han distinguido por su trabajo de “entretener” ADECAF con promesas siempre incumplidas. Así, a finales de 2002, y después de que Amnistía realizara una gestión (la única) en relación a un caso de acoso laboral contra un funcionario, pidiendo explicaciones a la Generalitat de Catalunya, la señora Flori Estevez se comprometió a transmitir a ADECAF la respuesta del gobierno catalán y a emitir una condena si dicha contestación no resultaba satisfactoria. Estos hechos debían aparecer publicados en el Informe Anual del año 2003, pero el esperado acontecimiento no se produjo nunca. Amnistía tampoco hizo llegar jamás a ADECAF la respuesta de la administración y finalmente, a través de su portavoz oficioso, el señor Fernando Bermejo, ha comunicado a nuestra asociación que se ha hecho ya todo lo posible en este caso, aseveración totalmente absurda porque es tanto como decir que AI no se puede pronunciar ni emitir condenas sobre ningún caso (en el que aquí nos ocupa ni siquiera se ha pronunciado).
El 2 de junio de 2003, y convencido ya por la evidencia de que Amnistía no daba ninguna importancia a unos hechos ya probados que, repito, en su día fueron calificados de “graves”, un miembro de ADECAF remitió a Flori Estevez una carta en la que reclamaba, tras cuatro años de espera, una respuesta por escrito al informe presentado en el año 1999 y a sus sucesivas ampliaciones. El 8 de agosto de 2003 se envió a todas las delegaciones de Amnistía Internacional un e-mail donde se relataban los hechos y se hacía la siguiente petición: “La presente no es sólo una denuncia contra Amnistía Internacional ante sus propias delegaciones, es, ante todo, una solicitud para que reclamen a la sede central que rompa su silencio y se pronuncie de forma razonada antes del 30 de septiembre de 2003. En caso contrario, ADECAF actuará en consecuencia y denunciará a AI ante los medios de comunicación”. El 13 de agosto de 2003 se informó a Veronika Nelson de que el señor M. P. A. estaba involucrado en un nuevo caso de malos tratos y que considerábamos responsable a esta organización del drama que se estaba viviendo en las prisiones catalanas. Además, advertíamos ya que si se nos seguía ignorando “la denunciaremos a usted ante las Naciones Unidas y los medios de comunicación de todo el mundo”. Ahora bien, según el portavoz oficioso de Amnistía Internacional, el señor Bermejo, ADECAF no puede “dar plazos” y “amenazar” a Amnistía. Sin embargo, esta afirmación nos parece que está desprovista de fundamento. Debemos recordarle al señor Bermejo y, por ende, a todo el staff de Amnistía, que esta ONG pide explicaciones a los gobiernos y que, en caso de resultar insatisfactorias o, simplemente, nulas, las respuestas de las administraciones fiscalizadas, las reclamaciones de AI se traducen en condenas públicas ante los medios de comunicación. ADECAF no entiende por qué motivo una ONG no puede ser sometida al mismo procedimiento formal y por qué la petición de explicaciones so pena de condena pública es calificada de “amenaza”. Conviene precisar, además, que el hecho de dar plazos es una gestión normal y lógica que se emplea en cualquier tramite administrativo, comercial o de cualquier otra índole. Estas son las palabras literales del Sr. Bermejo: “a pesar de haberse lamentablemente desacreditado con sus acusaciones carentes de fundamento, ADECAF da ultimatums, realiza amenazas (véase correo de ADECAF de agosto dirigido a AI) y acusa a las “bases” de AI de ingenuidad (…)”. En definitiva, Amnistía reclama para sí la misma impunidad que critica a las administraciones. Ahora bien, ni siquiera la prepotencia de los gobiernos totalitarios sometidos a control por AI respondería en los términos injuriosos que el señor Bermejo ha utilizado contra los miembros de ADECAF: “Si lo que los miembros de ADECAF quieren es desahogar su resentimiento contra el mundo o su amargura, deberían buscar un consultorio médico”. Estos términos, absolutamente condenables, se realizan a sabiendas de que algunos de nuestros socios se encuentran de baja médica y aquejados de enfermedades muy graves (como el cáncer) después de una década de acoso laboral en la que, una vez cada dos años, recibían cartas del Secretariado Internacional de Londres afirmando que “no tengo tiempo de leer sus denuncias”, “hemos perdido toda la documentación en un traslado”, “no nos consta que ningún miembro de ADECAF haya sido encarcelado por defender los derechos humanos” y otras delicatessen semejantes. Por lo tanto, entendemos que, después de cinco años de angélica espera, ADECAF tiene derecho a reclamar una respuesta, a establecer un plazo razonable para su emisión y a advertir que, caso de ser ignorada la queja, denunciará los hechos públicamente haciendo uso legítimo de su libertad de expresión.
Amnistía, al parecer, no lo entiende así. De suerte que, como represalia por los mencionados escritos de ADECAF, la señora Flori Estévez comunicó en septiembre de 2003 a esta asociación que, a partir de ese momento, se desentendía de la denuncia y se negaba a trasladar a Madrid y Londres los informes de ADECAF. A principios de octubre, miembros de nuestra asociación realizaron repetidas llamadas a Esteban Beltrán, director de AI España, para poner en su conocimiento una queja formal por el comportamiento de la señora Estévez. Se dejó en el contestador, en repetidas ocasiones, el teléfono de ADECAF, pero la respuesta del señor Beltrán, a lo largo de un mes, fue el más absoluto silencio, algo que nos recuerda la situación de Joseph K. en la novela de Franz Kafka El Castillo. Finalmente, en una reunión privada (12 de diciembre de 2003), y después de que miembros de ADECAF se presentaran en un acto público de Amnistía para denunciar que esta ONG conocía desde 1999 y no ha condenado los hechos denunciados el 17 de octubre de 2003 por la Universidad de Barcelona, el señor Fernando Bermejo nos advirtió (ante testigos) que Amnistía ignoraría a partir de ese momento las denuncias de ADECAF y no condenaría los hechos denunciados como respuesta a las mencionadas actuaciones de crítica. A nuestro entender, esta amenaza de represalia responde a la actitud real de Amnistía manifestada ya por la señora Estévez, y representa, sumada a los restantes hechos descritos, una gravísima vulneración de la normativa de Amnistía que afecta a toda la organización, desde el Secretariado Internacional de Londres (que ignora de facto a ADECAF desde hace años) hasta los señores Beltrán, Bermejo y la señora Estévez.
Por todo ello, la abajo firmante
SOLICITA:
Que se dé curso a la presente denuncia y que, en caso de no observar, como prevemos de antemano, actuaciones merecedoras de reprobación por parte de los “compañeros”, se responda a las siguientes cuestiones: 1/ ¿Puede el Secretariado Internacional de Londres eludir dar respuesta fundada y razonada a una denuncia sobre hechos calificados de graves cuya veracidad ha sido probada ad nauseam? 2/ ¿Es cierto que Amnistía Internacional, después de pedir explicaciones a un gobierno, ya ha cerrado el catálogo de posibles actuaciones y que, por lo tanto, esta ONG no puede hacer nada más en el caso de la denuncia de ADECAF? 3/ ¿Está capacitada Amnistía Internacional para emitir condenas sobre hechos probados que supongan una vulneración de los derechos humanos o se limita a solicitar informaciones sobre tales hechos? 4/ ¿Puede un cargo de Amnistía Internacional, por decisión propia, resolver que ya no tramitará las denuncias que se le presenten a raíz de que no considere de su agrado la actitud de la fuente? 5/ Cuando Amnistía no condena hechos probados de naturaleza grave, ¿tienen otras entidades el derecho de criticarla o se considera esta decisión un acto hostil sujeto a represalias como por ejemplo ignorar las denuncias que haya presentado o presente a partir de entonces dicha entidad? 6/ Cuando Amnistía Internacional afirma que los funcionarios de prisiones tienen la obligación de denunciar los casos de malos tratos que conozcan en el ejercicio de su cargo, y recomienda a los gobiernos exigir a este colectivo un compromiso personal en la defensa de los derechos humanos y la emisión de las correspondientes denuncias, ¿significa esto que Amnistía tiene a su vez la obligación de proteger a dichos funcionarios de las represalias corporativas o dicha obligación por parte de Amnistía simplemente no existe? Esta pregunta es muy importante y sepan que, si efectivamente, como sostiene Fernando Bermejo, dicha pretensión de ADECAF supone “mezclar churras con merinas y el tocino con la velocidad”, entonces pondremos los hechos en conocimiento de nuestros compañeros y daremos la razón a quienes, pensando ante todo en su salud, el bienestar de sus familias y su estabilidad profesional, se han negado y se siguen negando a denunciar casos de malos tratos de los que tienen conocimiento para a la postre no tener que verse sometidos al calvario del acoso laboral, todo ello ante la indiferencia y hasta los sarcasmos insultantes de algunos miembros Amnistía Internacional.
Ahora bien, si en el plazo razonable de un mes no se acusa recibo de la presente denuncia y en el de dos meses no se da una respuesta fundada que satisfaga, punto por punto, todos y cada uno de los hechos referenciados, ADECAF, haciendo legítimo uso de su libertad de expresión y en defensa de los derechos humanos, continuará adelante con su campaña de protesta contra esta ONG.
Martorell (Barcelona), 28 de enero de 2004
NOTA: Amnistía Internacional no respondió nunca a esta denuncia razonada. Así, después de un año más de espera, ADECAF ha decidido poner los hechos en conocimiento de la opinión pública.

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